Desde los sindicatos explican que los cambios consensuados se centran en la ultraactividad de los convenios colectivos (para que la vigencia se prolongue mientras se esté negociando uno nuevo), la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa y el control horario de la jornada. También apoyan una propuesta para cambiar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, de forma que las plantillas de las subcontratas tengan las condiciones laborales, incluido el salario, equivalente a los trabajadores de la empresa principal. Una reivindicación de la que han hecho bandera en los últimos años tanto los sindicatos mayoritarios como el movimiento de las camareras de hotel, las autodenominadas kellys.
Las formaciones sindicales aseguran que ahora Trabajo ha de decidir cómo aprobar estas modificaciones
Así, han recibido el visto bueno sindical las propuestas de Trabajo de “eliminar” el umbral del 15% de tasa de paro para las ayudas a los desempleados de larga duración –programas como el PAE o Prepara–, la jubilación forzosa, negociada por convenio y limitada a los trabajadores que ya tienen derecho a recibir la prestación completa, y rebajar a los mayores de 52 años la ayuda para parados que han agotado su prestación.
Este principio de acuerdo certifica que la derogación parcial en la que se ha embarcado el departamento de Magdalena Valerio no cuenta con el apoyo de la patronal. En la mesa del diálogo social sobre empleo y relaciones laborales, los representantes de CEOE y Cepyme han mostrado su rechazo a la inmensa mayoría de las propuestas que tienen que ver la derogación parcial de la reforma laboral.
Hoy mismo, el consejo confederal de CC.OO. tiene previsto analizar, entre otras cuestiones, los cambios en regulación laboral que han negociado con el Gobierno. “Hay cosas que no pueden esperar más”, insistieron ayer desde la formación de Unai Sordo, hondamente preocupados por la incertidumbre que envuelve a la duración de la legislatura. En los últimas días, los sindicatos mayoritarios han metido presión en público a Trabajo para que se ponga en marcha la maquinaria de los cambios en la legislación laboral.
“Una vez hemos dado el OK a las medidas que tomar, pedimos que se convoque la mesa general del diálogo social y se ratifique el acuerdo. Somos partidarios de aprobarlas vía decreto ley, porque es la forma más veloz y porque así veremos si cuenta con el apoyo político para la convalidación y también quién se va oponer a reconducir nuestro marco de relaciones laborales”, resumió Pino.
Con un acuerdo en el que la patronal brilla por su ausencia, el departamento de Valerio ha de afrontar el reto nada sencillo de lograr una mayoría parlamentaria que apoye los cambios, convalidando los decretos ley o aprobando los proyectos de ley correspondientes.
Información mensual sobre las horas trabajadas
El registro de la jornada laboral es uno de los puntos clave en este paquete de medidas apoyadas por los sindicatos. El Gobierno y los representantes sindicales coinciden en que es la mejor forma de luchar contra el fraude sobre las horas extra no pagadas ni compensadas y los asalariados con contrato por horas que trabajan de hecho a tiempo completo. Se trata, insisten, de una forma extendida de explotación de los trabajadores, de una vía de desarrollo de la economía sumergida, que perjudica además a las castigadas arcas de la Seguridad Social.
En líneas generales, la propuesta sobre el registro de jornada prevé que el empresario implante un sistema efectivo que recoja cada día la hora de entrada y de salida de los trabajadores.
Además, la idea es que cada trabajador reciba mensualmente un cómputo de horas realizadas, tanto las ordinarias como las extraordinarias. Este tipo de información también ha de llegar a los representantes de los trabajadores con una frecuencia mensual.
El control efectivo de la jornada ha contado con la oposición abierta de la patronal por considerarlo inviable, además de costoso para las empresas.
